En el marco de un proceso eleccionario es común que surjan denuncias de fraude o se busque sembrar sospechas sobre maniobras fraudulentas para adjudicarse el triunfo. El fraude electoral puede, a su vez, desarrollarse en las urnas, llevarse a cabo de manera electrónica manipulando el conteo de los votos o ser parte de una campaña y promoverse a nivel mediático.

De todas formas, hay que tener en cuenta que la idea de fraude, según se desprende de la teoría, sirve para describir a toda clase de acto que se opone al accionar recto y sincero para perjudicar a alguien.

Abordado desde el campo del Derecho, se trata de un delito cometido por quien se encarga de controlar la ejecución de contratos privados o públicos al confabularse con la representación de los intereses contrarios.

Las estafas por medio de un negocio jurídico dan lugar al fraude de ley, una de las tantas acciones fraudulentas que se pueden distinguir en la práctica. En este marco aparecen, entre numerosas alternativas, el fraude por testaferro con objetivos de corrupción bancaria y evasión fiscal, el fraude bursátil que involucra a entidades bancarias o financieras por acción o complicidad (engloba a prácticas como el fraude en la contabilidad bancaria, el fraude por alterar el valor de acciones, el fraude en comisiones bancarias, el fraude por suplantación de identidad, el fraude en tarjetas de crédito, etc), el fraude por donación simbólica a fin de lograr una reducción en el pago de impuestos y el fraude por sociedad interpósita para evitar determinadas normas de herencia.

Cuando se ponen en marcha mecanismos para evitar pagar impuestos o evadir al ente recaudador, en tanto, se hace alusión al fraude fiscal.